La expropiación de 68 hectáreas de terrenos de uso común del ejido «Xmaben y Anexos» en Quintana Roo, anunciada por el Ejecutivo Federal de México, ha generado controversia entre los residentes y defensores del medio ambiente.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se basa en causas de utilidad pública para permitir la construcción de obras de infraestructura ferroviaria para el Tren Maya.
Sin embargo, críticos argumentan que la expropiación podría tener impactos negativos en el entorno natural y cultural de la región, a pesar de las promesas de protección y rehabilitación de áreas naturales y sitios patrimoniales. La preocupación principal radica en la pérdida de tierras de uso común para las comunidades locales.
A pesar de las oportunidades laborales que se prevén, algunos sostienen que el proyecto podría desplazar a las comunidades indígenas y no cumplir con las expectativas de desarrollo económico sostenible.
