Además, el instituto electoral de San Luis Potosí también pide investigar diversas donaciones que realizó el excandidato de Redes Sociales Progresistas, José Luis Romero, conocido como «El Tecmol».
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una multa por 5.4 millones de pesos por otra trampa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El comité estatal de ese partido en Oaxaca omitió en 2016 reportar al Instituto las compras de lonas, gorras, pulseras y demás propaganda electoral que hizo al empresario Lahir Omar Sánchez Ríos por 2 millones 746 mil 420 pesos.
«Los sujetos obligados tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora electoral, el destino y aplicación de sus recursos de conformidad con la normatividad electoral en materia de fiscalización y al ser una obligación de todos los entes políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales», advirtió el órgano electoral en su resolutivo.
Incluso, en 2018, un juez de Oaxaca ordenó al PVEM pagarle al empresario esos recursos, sin embargo se incumplió.
Por ello, además de la multa de 5 millones 492 mil pesos por mentir a la autoridad electoral, el INE advirtió que dará seguimiento para que pague al proveedor los 2.7 millones de deuda.
Pide a institutos indagar a El Tecmol y Maru Campos
El INE pedirá al instituto electoral de San Luis Potosí investigar diversas donaciones que realizó el polémico candidato de Redes Sociales Progresistas, José Luis Romero, conocido como «El Tecmol».
Además, solicitó al órgano electoral de Chihuahua indagar si la Dirección de Seguridad Pública Municipal de esa capital realizó promoción a favor de la candidata a la Gubernatura, María Eugenia Campos Galván, a través de espectaculares y demás propaganda en los que resaltó el trabajo que hizo la panista como Alcaldesa.
En el caso de San Luis Potosí, se pidió al INE sumar a los gastos de campaña de «El Tecmol» la entrega de una ambulancia, aparatos auditivos y sillas de ruedas donados en la Huasteca.
El Instituto determinó que no era posible, debido a que el quejoso no presentó pruebas suficientes para que la denuncia se considerara como un tema de fiscalización.
Sin embargo, pidió al Organismo Público Electoral del estado de San Luis Potosí, una investigación y de ser necesario una sanción, pues los hechos denunciados sí podrían violar las normas sobre propaganda política o electoral, por lo bienes donados por un partido político.
El Consejo General aprobó 60 acuerdos en materia de fiscalización, la mayoría de ellos fueron desechados.
Entre estos están denuncias contra Gobernadores electos, como el de Michoacán y Querétaro, y de ex candidatos que perdieron, como el priista Adrián de la Garza en Nuevo León, Juan Carlos Loera en Chihuahua y Carlos Herrera en Michoacán.
